Por Miriam Torres Hinojosa
Oscilando entre el complejo de Edipo de un hijo que todo lo acata y la conducta voraz de una mamá hámster, capaz de engullir a sus propias crías, la alcaldía de Reynosa ha sido administrada como una empresa familiar durante los últimos seis años, manejando a su antojo presupuestos que suman 17,571 millones de pesos (2017-2024) y que, para mantenerse en el poder y salvar el pellejo, ha cambiado los tonos azules de su fachada original, por uno guinda de conveniencia.
Un proyecto que surgió hace 24 años, pactando con Francisco García Cabeza de Vaca, quien integra a la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, a la primera planilla encabezada por el ex gobernador, en la elección municipal de 2001, en la que, perdiendo ante Serapio Cantú Barragan, le permitió a ella ser parte del Cabildo 2001-2004, como regidora de representación proporcional, junto con su actual asesor de cabecera, el entonces panista Héctor Martín Garza González.
Pero en 2016, tras relevar a Cabeza de Vaca en la diputación federal en 2003 y hacer campaña juntos para el senado en 2012, Ortiz Domínguez rompió lanzas con Francisco Javier, decidiendo nunca más compartir el poder…y los dineros del presupuesto.
Convirtió a la alcaldía de Reynosa en un próspero negocio familiar multimillonario, de la cual se apropió en 2016, la conservó dos años más en 2018, como candidata del PAN, y la entregó por un trienio adicional a su hijo Carlos, no sin antes quemar la playera azul y ponerse la casaca guinda.
Aunque el verdadero poder tras el trono lo tiene Maki Esther, quien “heredó” 15 millones de pesos a Carlitos, para que éste se comprara un “ranchito” de 1,500 hectáreas en el municipio de Cruillas, siendo denunciado penalmente en febrero de 2021, por los presuntos delitos de lavado de dinero y/o uso de recursos de procedencia ilícita.
Denuncia que le cayó como anillo al dedo al entonces gobernador Cabeza de Vaca, convertido en su enemigo, quien no tuvo empacho en ordenar a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de Tamaulipas, para que la investigación se agilizara y Carlos Peña Ortiz fuera encarcelado.
Desde entonces, “Makito” anda amparado y a salto de mata evadiendo a la justicia, como se demuestra en los 23 requerimientos judiciales que ha incumplido dentro del expediente, que lo han inhabilitado para poder reelegirse en la presidencia municipal.
Con 11 cuentas públicas de diversos entes de Reynosa reprobadas (Decretos LXIII-581, LXIII-664, LIII-677, LIII-684, LIII-921, LXIII-953, LIII-972, LXIV-362, LXIV-393, LXIV-413 y LXIV-674), la ambición de la doctora Maki Ortiz Domínguez tiene en la desgracia a su hijo Carlos Peña Ortiz y ella le debe a los habitantes de Reynosa, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
¿De dónde obtuvo los millones que heredó a su hijo para comprar el rancho? Porque sus ingresos como funcionaria de Felipe Calderón, diputada federal, senadora y alcaldesa de Reynosa, simple y sencillamente no justifican legalmente su patrimonio.
El Juez de Control de San Fernando, Alejandro Hernández Rodríguez, debería tener sentada a Ortiz Domínguez en el banquillo de los acusados y no a su hijo Carlos, quien trata de evadir lo inevitable, argumentando que existe un complot en su contra.
Nada más alejado de la realidad: Sergio Iván Ruiz Castellot, mandamás del INE en Tamaulipas, ha confirmado que Carlos Peña Ortiz ha perdido sus derechos políticos y, por lo tanto, ha quedado con el estatus jurídico de inelegible para su reelección, como seguramente lo acordará el IETAM en una próxima sesión del Consejo General.
Hoy la ambición y la voracidad de Maki Esther por el poder y el dinero, tienen a Reynosa sumida en la ingobernabilidad y a su tesorería oliendo a corrupción.
Parece que el negocio de la Familia Peña Ortiz ha llegado a su fin.
